Cuando se habla de alcanzar un desarrollo económico sostenible[1] parece como si el rol del Estado y sus instituciones solo fueran promover, fomentar, establecer regulaciones pertinentes y controlar su cumplimiento por parte de las instituciones privadas, como si el Estado no desarrollara actividades que afectan a la sostenibilidad o toda su actividad fuera sostenible, cuando sabemos que existe una alta probabilidad que no sea así por no estar sujeto a las reglas de mercado, y puede ser ineficiente y dilapidar recursos con riesgo bajo o nulo de quebrar, como sí le ocurre en general a una empresa privada.
Más aún, sorprende que las regulaciones y los estándares existentes para transparentar las prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) están enfocadas mayormente a las instituciones privadas. Ejemplos de ello: el Marco de Reporte Integrado desarrollado por el International Integrated Reported Council, tiene por objeto ayudar a mostrar como los factores ASG pueden afectar los diferentes tipos de capital que intervienen en el proceso de creación de valor empresario. El ISSB (International Sustainability Standards Board) ha creado estándares de sostenibilidad para que las empresas transparenten sus prácticas ASG con el fin de minimizar el riesgo de los inversores y facilitar el acceso al mercado de capitales a las corporaciones que realizan reportes de sustentabilidad. La directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) de la Unión Europea tiene como objetivo mejorar la divulgación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas. Únicamente los estándares GRI (Global Reporting Initiative) son de tipo general en el sentido que pueden ser utilizados por cualquier tipo de organización (estatal o privada, independientemente de su tamaño, tipo, ubicación geográfica o experiencia en la elaboración de informes) para presentar información sobre sus impactos en la economía, el medio ambiente y las personas.
Pareciera entonces que:
los gobiernos desarrollan actividades con implicancias eventualmente negativas sobre el medio ambiente y la sociedad y, el Estado tiene una participación importante en la actividad económica en la mayoría de los países[2].
Resulta evidente entonces, que la actividad de las instituciones gubernamentales tiene un gran efecto sobre la sostenibilidad del Planeta y por tanto sería imprescindible que transparentaran sus prácticas ASG como se les está exigiendo de manera creciente a las organizaciones privadas y ello tendría, entre otras, las siguientes consecuencias positivas:
Transparencia: Los reportes de sustentabilidad permiten que los ciudadanos conozcan cómo se están utilizando los recursos públicos y el impacto de las políticas en el medio ambiente y la sociedad. Responsabilidad: Al documentar y comunicar sus esfuerzos en sostenibilidad, las instituciones pueden rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus acciones y decisiones. Mejora Continua: Los reportes permiten identificar áreas de mejora en la gestión de recursos y la implementación de prácticas sostenibles, promoviendo una cultura de mejora continua. Fomento de la Confianza: La transparencia y la rendición de cuentas generan confianza en la ciudadanía, lo que puede mejorar la percepción pública de las instituciones. Educación y Conciencia: Estos reportes pueden servir como herramientas educativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Colaboración: Facilitan la colaboración entre diferentes sectores, incluyendo el privado y la sociedad civil, al proporcionar información clara sobre objetivos y logros en sostenibilidad.
En resumen, la obligación de que las instituciones públicas transparenten su contribución a la sostenibilidad a través de reportes, auditoría o calificaciones ASG sería una herramienta clave para promover la transparencia, la responsabilidad y la mejora en las prácticas de gestión pública y equilibraría la responsabilidad que hoy tiene asignada al respecto el sector privado.
[1]Desde el Informe Brundtland (1987 se ha definido al desarrollo económico sostenible como aquel que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.
[2]Así de acuerdo con estadísticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional el gasto publico representa en promedio para el Mundo aproximadamente el 30% del PBI mundial, con los países de la Eurozona en un 39%, America Latina 29%, Estados Unidos 24%, Japón 21, etc.
[1]Desde el Informe Brundtland (1987 se ha definido al desarrollo económico sostenible como aquel que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.
[1]Así de acuerdo con estadísticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional el gasto publico representa en promedio para el Mundo aproximadamente el 30% del PBI mundial, con los países de la Eurozona en un 39%, America Latina 29%, Estados Unidos 24%, Japón 21, etc.
