Existe evidente consenso de que las corporaciones, y el ambiente legal y cultural en que actualmente se desenvuelven, es la esencia del sistema capitalista y básicamente gira en torno a la idea de que las empresas existen para maximizar su beneficio y en consecuencia la riqueza de sus accionistas.
Ahora bien, en opinión de los opositores a las prácticas ASG, el intento de que las corporaciones adopten prácticas ambientales, sociales y de gobernanza y las transparenten a través de reportes de sustentabilidad atentaría contra el objetivo de maximizar beneficios y obviamente contra la esencia misma del sistema capitalista. En definitiva, aparecería como algo incompatible la pretensión de que las corporaciones maximicen beneficios privados y a además resuelvan “problemas de la sociedad”.
Tomando como ejemplo el caso del medio ambiente esta incompatibilidad se produce esencialmente cuando el beneficio empresario resulta de la utilización de recursos que pertenecen a la comunidad y por cuyo uso no ha pagado nada o solo parcialmente y esto hace que diverja del beneficio social de la producción o el consumo de esos bienes y servicios. En palabras de Ronald Coase[1] esto es la consecuencia de la falta de definición de los derechos de propiedad. Como nadie es dueño de la atmosfera, de los cursos de agua, etc., el precio de los bienes producidos eventualmente contaminando esos recursos comunes no tiene incluido el costo social de contaminarlos y la maximización del beneficio empresario se da a expensas de la comunidad.
Esta limitación de los precios de mercado para reflejar todos los costos o beneficios de una producción o consumo es un tema real, existe y es de vieja data, fue advertido ya por Adam Smith y la ciencia económica no ha podido resolverlo de manera satisfactoria. Los partidarios absolutos del mercado sugieren resolverlo con más mercado y los intervencionistas por el contrario sugieren más Estado a través de regulaciones como el establecimiento de impuestos – subsidios o cupos, etc.
La difusión de prácticas ASG, aun en sus versiones más intervencionistas como las de la Unión Europea, no trata de sugerir o imponer las herramientas de política económica que deben aplicarse para solucionar estos problemas, ni coartar o modificar el comportamiento de las corporaciones en su objetivo de maximizar beneficios. Solo se trata de transparentar, a través de ciertas estándares y métricas, las prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, con estos objetivos:
Dadas las inquietudes actuales de los usuarios o consumidores (o más general todos los stakeholders) informarles de la conducta de las corporaciones en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, pero informar voluntaria u obligatoriamente no significa compelir a adoptar tales prácticas.Ayudar a los inversores a seleccionar a través de un análisis de riesgo ampliado los eventuales quebrantos que pueden sufrir por no considerar los riesgos ASG, luego cada inversor decide si le presta atención o no a dichos riesgos.
Que los accionistas puedan comprender que una actitud cuidadosa en materia ASG en el largo plazo puede resultar en su propio beneficio y no necesaria o meramente un comportamiento solidario[2].
[1]The Nature of de Firm (1937) y The problem of social cost (1960), de Ronald Coase
[2] Tal como argumentara Adam Smith en su tratado “Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones”
“No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero lo que nos procure el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni le hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas”.
